Organizaciones de la sociedad civil presentaron a organismos internacionales de derechos humanos, días atrás, información relevante sobre diversos casos de violaciones de derechos humanos en Paraguay. Los casos expuestos dejan en evidencia que el Estado Paraguayo, hoy bajo la conducción del gobierno de facto, no tiene un compromiso a favor de la vigencia de los derechos humanos.
En el marco de la Sesión 107º del Comité de Derechos Humanos de la ONU, representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), con apoyo del Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe alternativo al informe del Estado Paraguayo sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Dicha presentación se realizó en una audiencia los días 11 y 12 de marzo de 2013, donde el Comité examinó el informe del Estado. En dicha audiencia, el Comité presentó su preocupación en cuanto a:
– La falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a la restitución de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas.
– La deficiente situación carcelaria, en concreto el hacinamiento, debida en gran medida al excesivo uso de la prisión preventiva. Asimismo se destacaron los malos tratos y la corrupción del sistema carcelario.
– La necesidad de adoptar medidas concretas que garanticen la educación sexual y reproductiva. Asimismo, se cuestionó en particular el elevado número de abortos clandestinos frente a una legislación excesivamente restrictiva.
Además, el Comité hizo un llamamiento especial al Estado paraguayo:
– Para que adopte medidas de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con los líderes campesinos.
– Sobre la existencia de una sola línea de investigación fiscal hacia el procesamiento de los campesinos con respecto a la matanza de 17 personas en Curuguaty en junio del 2012, el Comité ha manifestado su preocupación y ha insistido sobre la falta de investigación de las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones ilegales. Asimismo se resaltó la falta de avance en la investigación de casos de tortura.
– Sobre el incumplimiento de las garantías de debido proceso del juicio político de Fernando Lugo y sobre las medidas para evitar en el futuro procesos similares.
Las recomendaciones finales del Comité dirigidas al Estado Paraguayo serán dadas a conocer el 28 de marzo de 2013. Además, la delegación de Codehupy se reunió con 9 expertos del Comité y algunos oficiales del Sistema de Naciones Unidas sobre diversos temas que hacen a la situación de los derechos humanos en Paraguay, y que también fueron presentados en la audiencia.
Posteriormente, en el marco del 147º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones de la sociedad civil de Paraguay, peticionaron a la Comisión:
1) La realización de una Visita In loco de la CIDH al país para constatar las situaciones denunciadas en el marco de la audiencia mantenida con la Comisión. Esta visita, que fue peticionada por las organizaciones de la sociedad civil el 8 de julio del año pasado, implica en la práctica la presencia de comisionados de dicho organismo para tener reuniones y entrevistas con el Estado y organizaciones de la sociedad civil, así como tener un contacto directo con las personas afectadas por las violaciones de derechos humanos señaladas en la audiencia.
2) Un pronunciamiento respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la Masacre de Curuguaty, entre ellas las detenciones ilegales y arbitrarias, y las ejecuciones extrajudiciales.
3) Que solicite al Estado paraguayo datos sobre la investigación de las denuncias de torturas sufridas por varias de las personas detenidas por el caso Curuguaty.
4) Que la CIDH solicite información al Estado Paraguayo acerca de: a) Si está realizando acciones a favor de niños, niñas y adolescentes afectados/as por la masacre de Curuguaty, y en caso que así sea, cuáles
son dichas acciones; b) Los procedimientos aplicados para el despojo del territorio de la comunidad indígena Cuyabia, y sobre el desmonte continuo del Patrimonio Nacional y Cultural Ayoreo Totobiegosode; c) La situación de los casos de asesinatos recientes de tres dirigentes campesinos, y que monitoree la situación de otros/as defensores y defensoras de derechos humanos amenazados/as.
Estas peticiones se presentaron en la audiencia “Situación general de los derechos humanos en Paraguay”, la cual se llevó a cabo el pasado viernes 15 de marzo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., Estados Unidos. La misma se otorgó en respuesta a la petición realizada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y CLADEM Paraguay, el Servicio de Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py), la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas del Paraguay (CONAMURI) y Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay (CDD Py), y CODEHUPY, con la adhesión de Vía Campesina Paraguay.
Durante la audiencia, la delegación de representantes de las organizaciones de la sociedad civil, presentó a la Comisión varios casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos sucedidos en el contexto del quiebre del proceso democrático ocurrido en Paraguay en junio de 2012, así como las peticiones ya señaladas. Luego de la presentación de la delegación de organizaciones de la sociedad civil, los representantes del gobierno paraguayo de facto realizaron su presentación.
Posteriormente, las y los comisionados de la CIDH:
– Expresaron en la audiencia que esperaban mayor información de la delegación del Estado Paraguayo sobre el caso Curuguaty;
– Señalaron su preocupación por los asesinatos de los dirigentes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano;
– Expresaron su inquietud sobre la situación de los pueblos indígenas, y requirieron mayor información al Estado sobre la actuación de éste en el caso de la comunidad indígena Cuyabia.
– Consultaron a la delegación del Estado sobre las medidas que se están adoptando para salvaguardar los derechos de Fany Olmedo y Dolores López, privadas de libertad por el caso Curuguaty y ambas en avanzado estado de embarazo.
– Comprometieron a la delegación del Estado a proporcionar en breve mayor información sobre los diversos puntos presentados por la delegación de organizaciones de la sociedad civil.
La delegación de organizaciones de la sociedad civil, además mantuvo reuniones con varios Relatores/as de la CIDH: con la Relatora Especial para Paraguay, con la Relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con miembros del equipo de trabajo de la Relatoría sobre Personas Privadas de Libertad, y participó de un foro con el Relator sobre Defensores de Derechos Humanos. En todas estas reuniones, se facilitó información a los/as relatores/as sobre varios de los casos presentados en la audiencia. En cuanto a la posibilidad de visita al país de miembros de la CIDH, existen altas posibilidades de que algunos de los relatores/as realicen próximamente tal visita para tener mayor información sobre casos de violaciones de derechos humanos que les fueron presentados.
Para más información:
– Katia Gorostiaga (CLADEM Py): 0981 – 98 88 98
– Enrique Gauto Bozzano (CODEHUPY): 0971 – 365 000
– Cristina Coronel (SERPAJ Py): 0981 – 516 033
