Soberanía popular para la vigencia de los derechos humanos

La pérdida acelerada de territorio como resultado del avance amenazante de las transnacionales ganaderas y sojeras que avasallan con fumigaciones de agrotóxicos a comunidades enteras violentando la agricultura familiar como forma de vida.

Por otra parte, la situación de la tierra urbana: en los bañados de Asunción existen más de 75mil personas que se debaten en la pobreza, sin servicios básicos y sin el acceso a una vivienda digna. En proyectos como la Avenida Costanera se enfrentan al desafío de conservar el derecho de vivir en la ciudad ya que pueden ser desalojados, al estar la tierra urbana librada al mercado inmobiliario.

Pero donde la problemática de la tierra adquiere características trágicas y de holocausto es en el sector de los indígenas. Aún hoy en que supuestamente se cuentan con mejores instrumentos legales para garantizar la tierra a nuestros pueblos originarios, se les sigue desalojando de los reducidos territorios que ocupan mientras crece la miseria en los pequeños sitios seguros que existen por ahora.

La sistemática persecución de la cual vienen siendo objeto varios defensores y defensoras de los derechos humanos en el Paraguay por parte del gobierno de Horacio Cartes, utilizando como medio principal a los medios empresariales de comunicación que buscan desacreditar su labor e inhibirlos a seguir defendiendo a las y los luchadores sociales.

Persecución sindical y violaciones de derechos laborales se agudizaron en el ámbito de las y los trabajadores asalariados. Ataques a la libertad sindical y de organización y un recrudecimiento de la política represiva se registran tanto con las patronales del sector privado como del sector público. Los despidos por motivos sindicales o políticos, o debido a la formación de sindicatos así como la sistemática ilegalización de las huelgas no son sino otras expresiones de la criminalización que denunciamos.

Destacamos, por otro lado, que existe una política estructural de precarización de las condiciones laborales, como son los contratos informales, conocidos como contratos basuras, donde se omiten derechos básicos del Código Laboral y de los convenios internacionales, o directamente se violan los derechos adquiridos. Con la Ley Mipymes y con la Ley del Primer Empleo no se hace otra cosa que  legalizar la precarización laboral.

En cuanto a la política económica y social criminal del gobierno, asistimos a una drástica disminución de la inversión social en el PGGN (Presupuesto General de Gastos de la Nación) y con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que desconoce los derechos laborales a los trabajadores del Estado, recorta los gastos sociales y precariza aún más la salud, la educación, la vivienda y la reforma agraria. Como un correlato, con la Ley de Alianza Público Privada donde el Estado cede a la ganancia privada sectores enteros de servicios básicos, como la electricidad, el agua, las comunicaciones, las rutas, la salud, la educación, entrega los bienes públicos y la soberanía a los capitalistas nacionales y extranjeros, lo que traerá entre otros efectos, el aumento de tarifas haciendo cada vez más inaccesibles los servicios básicos al  pueblo pobre.

Con la militarización impuesta por la Ley 5036/13 que modifica la Ley de Seguridad Interna, el Ejecutivo podrá usar las FFAA para controlar y reprimir situaciones internas, eludiendo la declaración del Estado de Excepción, sin ceñirse a un territorio específico y sin la autorización parlamentaria, dejando de lado la función de las FFAA de su rol de defensor de la soberanía. Por otra parte el Ejecutivo tampoco ha realizado un informe sobre las irregularidades cometidas en los tres departamentos militarizados (Concepción, San Pedro y Amambay), como allanamientos en horas de la madrugada, personas con rostro cubierto y uniforme militar en los operativos.

Con todas estas leyes mencionadas se concentra peligrosamente los poderes en manos del presidente Cartes quedando a su sólo arbitrio temas trascendentales de la vida del país.

Luego de este recuento de la situación de los derechos humanos, se comprende que tenemos suficientes motivos para movilizarnos y seguir luchando.

Por lo antes dicho, EXIGIMOS:

– Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época de la dictadura.

– Libertad de las presas y los presas políticos.

– Reforma Agraria Integral.

– Tierra, territorio y autodeterminación para los pueblos originarios.

– Los luchadores y luchadoras por los DDHH, en el contexto de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, nos proponemos construir y fortalecer la soberanía popular como fuente y fin de todo proyecto de vigencia plena de los derechos humanos.

Finalmente, estamos conscientes que sólo organizados y movilizados podremos hacer realidad un Paraguay con Soberanía, Tierra, Libertad, Trabajo y Justicia para todos y todas sin exclusiones ni marginaciones. A construir este Paraguay apunta nuestro compromiso y nuestras acciones.

FIRMAN:

– Articulación por Curuguaty

– Coordinadora Democrática

– Aireana

– UNES

– Federación de Estudiantes por la Educación FEE

– Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENAES

– Partido Paraguay Pyahurã

– Federación Nacional Campesina FNC

– Mesa Nacional de Derechos Humanos

– Coordinadora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores CONNATs

– Central Nacional de Trabajadores CNT

– Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay COCIP:

MCNOC, CONAMURI, CNOCIP, ONAC, MAIPY (MAINUMBY, MPO)

– Frente Guasu

– Frente Recoleta

– Partido de los Trabajadores PT

– Campaña El Pueblo Decide

– Cobañados

– Organizaciones feministas

Y la lista continúa con nuevas e inminentes adhesiones, hasta encontrarnos todas y todos en la marcha «Soberanía Popular para la vigencia plena de los Derechos Humanos», martes 10 de diciembre a partir de las 18 h., partiendo de la plaza Italia.