Pronunciamiento de Conamuri contra el modelo agroexportador
Desde enero del año 2003, Conamuri inicia una campaña de denuncia de las graves consecuencias en el medio ambiente y en la salud humana de los cultivos transgénicos y la utilización indiscriminada de agrotóxicos en varios departamentos del país, especialmente en Itapúa, a raíz de la muerte en este departamento de Silvino Talavera, niño de 11 años, hijo de la compañera Petrona Villasboa, por intoxicación con glifosato y paraquat, herbicidas utilizados en sojales transgénicos.
La familia Talavera Villasboa está padeciendo en la actualidad secuelas de los agrotóxicos. La niña Sofía de 15 años tiene dificultad en la visión. Toda la familia tiene problemas pulmonares, estomacales, alergia, dolor de cabeza y de los huesos, cada vez que consulta con los médicos estos no relacionan con el problema de los agrotóxicos.
Esta campaña que incluyó cabildeo, paneles debate, marchas, movilizaciones, denuncias nacionales e internacionales a través de la prensa, dio a conocer a la ciudadanía y colocó en el debate público las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales del modelo de producción agrícola industrial de monocultivos destinados a la exportación, que en Paraguay se centra en la producción de soja transgénica.
Luego de intenso trabajo, venciendo campañas difamatorias en contra de nuestra organización y otras organizaciones sociales, y con reclamos políticos con la Plenaria Popular Permanente y el Frente por la Vida y la Soberanía, el apoyo de ONG solidarias, los empresarios culpables de la muerte de Silvino Talavera fueron juzgados y condenados en primera instancia por homicidio culposo. La condena fue apelada y favoreció a los condenados, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia por un recurso de casación, el cual determina “volver a iniciar el juicio”, esto demuestra que la Justicia está a favor de los culpables, puesto que en primera instancia sé probo la culpabilidad de ellos.
En Paraguay, los cultivos de soja transgénica empiezan en la zafra 1999–2000, justamente en el departamento de Itapúa. Los años siguientes fueron penetrando en otros departamentos. Primeramente, Alto Paraná y Canendiyú; luego otros: Caaguazú, Guairá, San Pedro, Alto Paraguay. Actualmente cubre 95 % en todo el país.
A medida que fue intensificándose la expansión de estos cultivos, el campesinado afectado por este modelo fue organizándose, sumándose a las organizaciones campesinas ya existentes, para oponerse a la misma. Actualmente en Paraguay, esta lucha aglutina no solamente a organizaciones campesinas, sino también a numerosas organizaciones sociales, sectores de la Iglesia Católica y organizaciones políticas de izquierda.
La clase empresarial agrícola, importadora y exportadora, sumada a los poderes del Estado y a la oligarquía local, implacablemente, a sangre y fuego, están cubriendo el territorio nacional con sojales transgénicos, mediante la criminalización de la lucha social (represiones, desalojos, persecuciones), que han tenido como consecuencia numerosos muertos, heridos y presos tanto hombres como mujeres.
El aumento y la reconversión de los latifundios, la extranjerización de la tierra, la emigración y la expulsión de la población campesina, las graves consecuencias ambientales y en la salud humana del modelo agroexportador, la amenaza a la soberanía alimentaria son temas preocupantes en un país donde la población rural alcanza aún el 46 % del total de los habitantes.
La crisis rural que afecta en manera muy especial a las mujeres, como la expulsión y la violencia contra la clase trabajadora en general y contra las mujeres en particular.
La política represiva que contraviene elementales principios constitucionales y pone en peligro el proceso democrático del país.
La criminalización de las luchas y reivindicaciones sociales que involucra la participación de las Fuerzas Armadas que más bien tiene la clara intención de debilitar y destruir las iniciativas para amedrentar e intimidar a poblaciones campesinas que se organizan en defensa de sus legítimos derechos.
La participación de las Fuerzas Armadas en acciones criminales, desvirtuando su función institucional desobedeciendo el mandato Constitucional para la que fuera creado.
Conamuri rechaza la propuesta de la soja sustentable, promovida por las corporaciones, porque la soja, como producción industrial, como monocultivo para la exportación, como semillas transgénicas no naturales, propiedad de las corporaciones, nunca podrá ser sustentable. Este modelo agrícola desertifica, crea dependencia económica, peligra la soberanía alimentaria, contamina masivamente agua, tierra, aire, alimentos, enferma y mata. Por estos motivos expresamos nuestro rechazo a la Mesa Redonda de Empresarios de Soja Sustentable, que se realiza en Foz de Iguazú.
Las mujeres campesinas e indígenas somos conscientes, y la historia dará cuenta de ello, de que nuestra organización y nuestra lucha permitirán la dignificación de nuestro sector y de nuestro pueblo