Jornadas de lucha contra la violencia hacia las mujeres

Declaración Política

Las Jornadas de Lucha contra la Violencia reunieron a 150 mujeres, jóvenes, campesinas e indígenas, miembros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), con el propósito de reflexionar sobre la situación actual que enfrenta el campo paraguayo, los días 24 y 25 de noviembre de 2012, en la ciudad capital, Asunción.

Salimos de nuestras comunidades para compartir los problemas y el quebranto a los que nos enfrentan el empobrecimiento y la falta de justicia social. No nos detuvieron la lluvia ni los obstáculos que nos aparecieron en el camino porque estamos conscientes de cuánto ganamos en la discusión, en el debate y en el levantamiento de propuestas que se dan a través del diálogo permanente entre nosotras, como clase trabajadora.

Hoy el modelo del acaparamiento de tierras, la extranjerización del territorio y, sobre todo, los agronegocios, pretenden agudizar la concentración de la tierra, representando una amenaza tan perjudicial como el latifundio. La violencia contra las mujeres en el sistema capitalista y patriarcal se presenta no solo a través de la mercantilización de su cuerpo y la violación de sus derechos sexuales y reproductivos, sino también a través de la violación de la soberanía territorial, los desalojos, las fumigaciones con agrotóxicos, la migración forzada del campo a la ciudad o al extranjero, la disgregación de la familia por razones laborales, la permanencia de prácticas machistas en el hogar y la sociedad –justificada, muchas veces, por la cultura y por la naturalización hecha costumbre social.

Estos hechos deberían alarmar a cualquier sociedad que presuma haber alcanzado cierto nivel de equidad de género, democracia y participación ciudadana. Estar en el contexto de un quiebre institucional representado por el Golpe de Estado parlamentario, cuya consumación se diera el 22 de junio pasado, nos ha dado prueba suficiente de que no es nuestro caso.

Ante esta realidad que nos oprime y nos excluye cada vez más, como mujeres campesinas e indígenas, como jóvenes, manifestamos lo siguiente:

RECHAZAMOS la discriminación por cuestión de género, clase y etnia que se sigue observando en todos los ámbitos de la sociedad, a través de las manifestaciones culturales, los medios de prensa y la propaganda, en los estrados de la justicia y ante la ley, en la enseñanza formal y otros espacios sociales, y AFIRMAMOS que el patriarcado, con raíces profundas en el capitalismo, promueve la falsa premisa de una superioridad masculina para excluirnos de los espacios públicos y del poder.

NOS REBELAMOS ante esta falsa premisa y desde ya INSTAMOS a las mujeres campesinas e indígenas, del sector popular, a ocupar los espacios públicos ya sean estos locales, departamentales o nacionales; y visibilizarse, reconocerse como agricultoras y valorar el importante rol que tenemos en la producción. NO VAMOS A OFRENDAR NUESTRO VOTO a ningún candidato que se acerque a la comunidad con ánimo proselitista y a vender espejitos de ilusiones, sino antes bien, evaluaremos las propuestas con criterio de clase y con fundamentos en el feminismo popular, conscientes del futuro.

CONDENAMOS la práctica machista que se da entre la población indígena contra nuestras niñas y adolescentes, bajo fundamento cultural, y DECIMOS que hoy día tenemos la consciencia suficiente para calificarla como una violencia sexual que debe ser detenida inmediatamente, recurriendo a la denuncia policial como en cualquier otro caso en que se cometa un delito de acción penal.

REAFIRMAMOS nuestro compromiso con la democracia y SOSTENEMOS que en el Paraguay hubo un Golpe de Estado que se ejecutó con la complicidad de las autoridades de los tres poderes, aliados para torcer la voluntad popular expresada en las urnas, en 2008, con el objeto de proteger intereses individuales de la oligarquía local aliada con el capital extranjero.

DESCONOCEMOS al gobierno de Federico Franco porque se gestó a través de un golpe de Estado, y: por permitir la acelerada liberación de las semillas transgénicas beneficiando con ello a las corporaciones multinacionales que lucran con el patrimonio genético de los pueblos; facilitar la entrada al país de las petroleras para expoliar las riquezas del suelo chaqueño, sin consulta previa con la comunidad que se verá afectada, sobre todo poblaciones indígenas; promover la instalación de la mega-planta de aluminio Rio Tinto Alcan, de capital extranjero y de antecedentes conocidos a nivel mundial por perjudicar gravemente el medioambiente y por los daños ocasionados a las comunidades.

DENUNCIAMOS públicamente al Presidente del INDERT, Luis Ortigoza, por violencia institucional y por no hacer valer su palabra, ya que, convenio mediante, establecimos relaciones en el marco de la soberanía y la seguridad alimentarias para fortalecer la producción en las bases distritales a través de la preparación de huertas comunitarias. Llegado el momento de concretar el acuerdo, simplemente, Ortigoza nos dejó de lado como mujeres trabajadoras, sin consideración alguna con nosotras, que con tanto esfuerzo hemos presentado en tiempo y forma tanto los proyectos como los documentos que avalan nuestras intenciones.

REPUDIAMOS el cerco mediático con que la prensa masiva rodea el Caso de la Masacre de Curuguaty, con el nefasto propósito de que la población ignore lo que ocurrió aquel 15 de junio, quiénes son los culpables, por qué tanto ensañamiento contra los campesinos. También CUESTIONAMOS la pesquisa fiscal por estar plagada de irreverencias y parcialismo, en donde, sin ningún sostén material, aparecen como imputados campesinos y campesinas que no han tenido participación alguna en los hechos registrados en Marina Cué.

EXIGIMOS la inmediata liberación de las personas inocentes que siguen detenidas injustamente y sin ningún indicio que las inculpe tras la Masacre de Curuguaty, y muy en especial de las mujeres: Lucía Agüero, quien se sometió a huelga de hambre por casi 60 días en procura de su justa libertad; y Fany Olmedo y Dolores López, quienes están embarazadas soportando condiciones que pueden afectar el normal desarrollo y evolución de sus estados de gravidez, desde las precariedades propias de la penitenciaría regional.

¡No más golpes! Ni golpes de Estado ni golpes contra las mujeres

¡Sin Feminismo no hay Socialismo!