Cristo Rey sufre desalojo y pobladores advierten recrudecimiento del terrorismo de Estado
Con helicópteros sobrevolando desde tempranas horas de la mañana, el día miércoles 27 de octubre tuvo lugar la ejecución de la orden de desalojo del asentamiento Cristo Rey en la colonia Primavera Real, distrito de Guayaibí, San Pedro.
Quedaron en la calle, sin contemplaciones, 40 familias que llevan viviendo alrededor de 12 años en el predio, considerado tierras fiscales de procedencia malhabida, reclamadas al INDERT para los fines de la reforma agraria, frente a la voluntad del supuesto dueño, el empresario Miguel Ángel Montaner.
La medida fue acompañada por efectivos policiales y el Ministerio Público, representado por la fiscal Lilian Ruíz.
Las familias que sufrieron el desahucio se encuentran dispersas en comunidades cercanas, pero se reúnen en asamblea permanente para decidir qué pasos futuros dar. Los tractores han destruido años de lucha y sacrificio con los que lograron alcanzar una calidad de vida digna, con casas, escuela, capilla y producción de autoconsumo. Custodian el lugar miembros de la Policía Nacional para impedir la reocupación.
Los principales referentes del asentamiento se encuentran imputados por invasión de inmueble y tienen citación para el 17 de noviembre, bajo pena de orden de captura en caso de no presentarse.
“Destrucción total hicieron, dejaron cenizas, inservibles las casas”, denunció la joven Rosa Acuña Borja, una de las lideresas del asentamiento, también criminalizada por la fiscalía. “Este es el gobierno de la gente, así actúa, fuerte con los débiles. Y es solo el principio”, advirtió Rosa, haciendo referencia a la recientemente aprobada ley que eleva los años de pena privativa de libertad por ocupación de inmuebles, conocida también como Ley Zavala-Riera.
Por su parte, Paulina Ramos, docente de la zona y comunicadora radial, escribió en un posteo de Facebook que el intendente Álvaro Saldívar y algunos concejales recientemente electos se hicieron presentes en el lugar para resguardar la promesa de no violencia por parte de las autoridades de los entes mencionados (Fiscalía y Policía), pero que ha ocurrido todo lo contrario. “Recordemos que el atropello ejecutado bajo el amparo de las instituciones del mismo Estado en contra de su propio pueblo no es otra cosa que un terrorismo de Estado”, reflexionó la compañera.
La comunidad hoy desalojada apela al acompañamiento de las organizaciones campesinas para sumar fuerzas en este contexto de extrema violencia que se avecina sobre los asentamientos y comunidades. “Vamos a buscar alianzas estratégicas para que nuestras voces suenen más fuertes y se multipliquen”, señaló a su vez Rosa Acuña.