Comunidades reciben apoyo para atenuar la grave crisis generada por la Covid-19
La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri fue adjudicada con un proyecto de producción de aves domésticas que traerá alivio a un total de 161 familias lideradas por mujeres en las zonas de San Pedro, Caaguazú, Guairá, Misiones y Alto Paraná.
Este proyecto de inserción a los mercados agrarios, conocido como PIMA y ejecutado por el Ministerio de Agricultura, consiste en la entrega de insumos, equipos y material biológico (pollitos) a cada familia beneficiaria, con lo cual se espera brindar un pequeño respiro hasta que la producción vuelva a fortalecerse, ya que la pandemia por Covid-19 afectó en forma grave principalmente el rubro hortícola, y como consecuencia no hay semillas en el medio y se genera dependencia de mercados externos, sin contar con el drama de la sequía que es resultado del modelo de producción dañino para el ambiente y que destruye los territorios al provocar pérdidas económicas contra las familias campesinas e indígenas.
Sabemos que es incompatible la convivencia en un mismo territorio de dos modelos contrapuestos: el agronegocio y la agroecología. En ese punto, el reclamo es también por la coherencia en las políticas públicas, pues no se puede apoyar políticas nocivas para la biodiversidad y a la vez otras que pretenden ser un impulso a la producción campesina.
Como organización, apostamos a la agroecología para fortalecer la agricultura campesina a escala familiar y comunitaria. Programas como el PIMA, del MAG, deberían enfocarse en las necesidades reales existentes en los territorios y contar con la participación protagónica de las familias campesinas en su diseño, ejecución y evaluación, ya que, si bien son apoyos en el marco de la emergencia, no son suficientes al no resolver los problemas acuciantes del campo.
En ese sentido, bregamos por una participación amplia de las organizaciones en todas las fases del proyecto, como uno de los derechos contemplados en la Declaración de Derechos Campesinos, la cual Paraguay debe poner pronto en práctica y vigencia.
Es importante también que las comunidades aprovechen esta coyuntura para fortalecer sus bases al encontrar un alivio a la difícil situación que trajo la llegada del nuevo coronavirus a los territorios.
Queremos resaltar que, para acceder a este proyecto, postulamos a casi mil familias lideradas por mujeres campesinas e indígenas, pero debido a los requisitos burocráticos del programa, muchas han quedado excluidas, por lo que creemos que deberían ser reformulados los condicionamientos técnicos para priorizar a los hogares administrados por mujeres empobrecidas. Para ello, el Registro Nacional de Beneficiarios (RENABE) debe destinar sus esfuerzos sin la discriminación que se genera al favorecer a hogares encabezados por varones o donde exista núcleo familiar biparental.
Por otro lado, si hablamos en términos de emergencia social no puede tardar un año la ejecución de un proyecto de estas características, al contrario, debería proponer facilidades que permitan satisfacer inmediatamente las necesidades primarias que viven las familias campesinas en este duro contexto.