Aumenta la criminalización de la lucha social en la región
Derechos Campesinos
Por Perla Álvarez
No hay un día en que no amanezcamos con alguna noticia sobre la criminalización de la lucha campesina e indígena en el mundo, pero en América Latina hay una concentración sobre estos temas que no sólo nos desayunamos, sino que hay días en que nos almorzamos y nos cenamos lo mismo.
Las luchas territoriales son criminalizadas de manera brutal a través delas más diversas formas: asesinato de dirigentes comunitarios (en Colombia se cansa una de contar los muertos [1]; en Paraguay y Brasil pasamos masacres; en Argentina, caso Cristian Ferreira [2], en Honduras, caso Berta Cáceres [3], y muchísimos más).
La estigmatización, la judicialización por causas prefabricadas, encarcelamiento: el caso de los seis campesinos presos políticos [4] y el caso Genaro Meza de Paraguay; caso Milagro Sala en Argentina; caso de comunidades enteras imputadas por oponerse a las fumigaciones en plantaciones de soja incumpliendo normas ambientales.
Y hasta la persecución de quienes nos defienden en estos casos o de autoridades que, haciendo su tarea son perseguidos políticos. Por el ejemplo, en Paraguay, el caso del juez Gustavo Bonzi, destituido por liberar a los 14 campesinos y falsamente acusados de participar en un secuestro; y el de los magistrados del tribunal enjuiciados por liberar a los campesinos de Curuguaty. Estos casos no son visibilizados en los medios masivos o si aparecen lo hacen de manera marginal.
Pero en los últimos tiempos, la forma más frecuente de criminalización es la persecución penal, poniendo a las fiscalías a tal efecto. Con ello se trata de frenar la lucha, atándonos a largos y tediosos procesos judiciales, retrasando importantes avances en los procesos organizativos, dividiendo nuestras fuerzas por atender estos casos y haciendo que incluso nos fragmentemos, mientras que los diversos agronegocios penetran incesantes en nuestros territorios expulsándonos, envenenándonos y matándonos.
Las empresas siguen extrayendo bienes naturales poniendo en riesgo la vida en el planeta.
Todos estos casos están vinculados a la lucha por el derecho a la tierra, al territorio, por la defensa del territorio, por el derecho a organizarse y a defenderse. Y esto sucede porque los gobiernos y los Estados no garantizan, no protege estos derechos. No sólo no garantizan y ni protegen, sino que además no los promueve y dejan que otros actores -como las empresas y una diversidad de actores armados- actúen en estos territorios persiguiendo, amedrentando, hiriendo, matando a la gente.
Para nosotros y nosotras, constituye otra forma de criminalizarnos, de no considerarnos sujetos de derechos. La violencia que se vive en las comunidades campesinas e indígenas adquiere una dimensión de emergencia y requiere una rápida acción de los Estados.
Por eso desde la CLOC-Vía Campesina venimos desde hace 17 años luchando por la Declaración de los Derechos Campesinos, en el que se nos reconozca como sujetos colectivos de derechos a nuestra forma de ser, de estar y de relacionarnos en el territorio y el derecho a seguir produciendo alimentos sanos para todo el mundo.
Es hora de frenar este genocidio, la humanidad necesita del campesinado.
¡Por una Declaración de los Derechos Campesinos, ya!
Notas
[1] https://elpais.com/internacional/2017/07/22/colombia/1500705579_551845.html
[2] https://seniales.blogspot.com/2011/11/caso-cristian-ferreyra-hay-cosas-que.html
[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres_am
[4] http://ea.com.py/v2/los-seis-campesinos-fueron-condenados-por-un-delito-que-no-cometieron/